Lectura cruzada
En todos los casos revisados los entrevistados muestran la abierta voluntad de incorporar en sus programas de alimentación escolar elementos como la participación de los distintos actores del proceso educativo de una manera más activa.
El concepto de desarrollo local, generación de oportunidades y autogestión son temas recurrentes a lo largo de las entrevistas.
Sin embargo, es recurrente también la falta de asociatividad de las comunidades para establecer vínculos con los programas de alimentación escolar.
Entonces, cualquier iniciativa que se quiera proyectar requiere de un paso previo, que en el caso chileno y ecuatoriano no parece existir y es el estímulo a la organización local. Para ello resulta imprescindible el trabajo intersectorial por parte de los organismos de gobierno.
Los cultivos familiares, cooperativos y de autogestión en los alimentos son experiencias que se pueden potenciar pero que deben desarrollarse al alero de un programa de asistencia técnica y financiera. Estos esfuerzos, sin embargo, no tienen por qué estar necesariamente unidos a los PAE, si bien es cierto, pueden ser una parte de ellos, la alimentación en las escuelas es una empresa de gran envergadura, la cual requiere una producción sistemática, garantizada y certificada. En la potenciación de las producciones locales deben diversificarse también sus usos, generando mercados locales o más específicos para la venta de productos con estas características.
Pero, no estamos hablando únicamente del estímulo a la organización de pequeños productores locales, sino de la necesaria participación de padres, alumnos y familia en este proceso que requiere de mucho control social y retroalimentación al día. Pero también, por parte de otros actores del proceso educativo, los docentes, porque es imprescindible señalar que la alimentación escolar es una herramienta con que los gobiernos buscan disminuir las desigualdades en sociedades tremendamente injustas, pero que sus objetivos deben estar enlazados con los del proceso educativo. La alimentación y la nutrición no son fines como tal, sino partes de un proceso mayor de crecimiento, desarrollo y madurez de los seres humanos.
Sólo en el caso de Brasil podemos encontrar claramente elementos de subsidiariedad activa, una estrecha interacción entre organismos representantes de los distintos actores del proceso educativo discutiendo, evaluando y proponiendo en torno a las políticas e iniciativas implementadas, específicamente con la instauración del CONSEA y los CAE.
En menor medida, en Colombia se ha fortalecido la organización social, pero no se visualizan espacios institucionalizados para la interacción con los organismos más “oficiales”. En los casos revisados, se propende al empoderamiento de las comunidades con el fin de mejorar su calidad de vida, pero no tanto para el establecimiento de una relación horizontal con ella.
Chile y Argentina ya han alcanzado avances importantes en la lucha contra el hambre y la mal nutrición, y pareciera ser un paso natural el paso hacia iniciativas que involucren mayor participación. En ninguno de los dos casos se observa claramente esta tendencia. Aunque se verbaliza una intención, no se han establecido mecanismos para ello.
El desarrollo de tecnologías alternativas o de alimentos provenientes de agriculturas orgánicas parece ser una preocupación sólo en la medida en que la situación nutricional de la población beneficiaria sea de unos estándares mínimos. En general no existen políticas públicas para este tema y aunque en el sur de Brasil existen ciertos casos, no hay legislación al respecto. En todo caso, los cultivos “verdes” son completamente compatibles con la necesidad de generar desarrollo local y autogestión.
La tercerización, entendida como la contratación de terceros para la entrega de un servicio, de los programas de alimentación escolar es un tema polémico. En Chile, el modelo, desde los años 80 se ha tercerizado por completo. En Ecuador existen muchas reticencias y en Brasil existen estados, como Santa Catarina que están en este proceso. Parece ser que mientras más recursos puedan destinarse a la alimentación escolar más proclive se es a la tercerización. Debido a la complejidad del proceso de gestión de una “empresa” alimentaria cuando se exige calidad y oportunidad, y cuando se lleva a cabo a gran escala, una relación público privada puede resultar beneficiosa para el proceso, siempre y cuando la calidad de Política Pública no se esté poniendo en riesgo y cuando sean los Estados, gobiernos locales y la propia sociedad los que ejerzan el control sobre los privados.
La estabilidad política también es un tema recurrente, en Ecuador se está trabajando por establecer unas bases legales e institucionales que le den estabilidad a esta política pública en el tiempo. En Brasil, se observan reticencias, ya que la alimentación escolar se encuentra radicada en los gobiernos locales es posible que al existir cambio de gobierno se generen inestabilidades dentro de los programas. Si bien, es difícil pensar que un gobierno pueda desmantelar los programas, la gestión y los énfasis pueden variar. En Chile, al ser una política pública de tan larga data, se ha alcanzado un consenso político respecto de su relevancia.
Es comprensible, que en muchos países, producto de un imperativo sanitario y de equidad, las iniciativas estén mayormente enfocadas principalmente hacia unos objetivos nutricionales, mientras por otra parte, a evitar la deserción escolar. Si los objetivos están apuntando específicamente a ello, quizás sólo se requiera profesionalizar el procesamiento de los alimentos, en el caso de Ecuador, o mejorar las propiedades organolépticas (las características físicas, en este caso sabor, textura, olor, color) de las raciones, en el caso de Chile.
Sin embargo, resulta interesante destacar que la interacción entre los distintos actores sociales tiende a enriquecer los procesos en los que participan y por ende a la sociedad en su conjunto, resulta, por tanto, un elemento clave en la construcción de una sociedad más madura, especialmente cuando se da en un contexto institucionalizado y con competencias claramente definidas.
El establecimiento de objetivos que vayan más allá de lo sanitario y académico, en el caso específico de la alimentación escolar, es un paso importante que ya están en condiciones de dar los países de la región.
En el caso de los países investigados, 2 de los más antiguos son el de Chile y Brasil, es justamente en esos dos casos en que se visualizan distintos modelos de alimentación escolar.
El caso de Brasil es un modelo descentralizado, radicado en los municipios que reciben las subvenciones y que organizan los procesos. Este modelo ha probado ser bastante efectivo en la entrega de alimentos y en el involucramiento de los diversos actores en el proceso mismo. Su principal falencia puede encontrarse en que repite las mismas desigualdades que afectan a unos municipios y otros. Quizás la implementación de una subvención diferenciada podría ser un paso inicial para ir disminuyendo esas inequidades.
El caso de Chile es precisamente lo opuesto, un sistema centralizado, cuyos procesos están altamente controlados, garantizando la entrega de una alimentación escolar muy similar a lo largo y ancho del país. Los estrictos procesos de control garantizan la entrega nutricional, sin embargo, este modelo ha llevado a la total desafección por parte de sus beneficiarios. Estos, han pasado a ser meros consumidores de los servicios que prestan las empresas, que a su vez, prestan servicios al Estado de Chile.
Ya sea en el modelo chileno o brasileño es posible encontrar aspectos positivos y negativos. Como siempre, al momento de repensar este tipo de políticas se deben tener en cuenta los aspectos culturales y administrativos de cada país. De hecho, desde esa lógica resulta natural encontrar estos 2 modelos en países que en su totalidad responden a esa misma estructura. Entre los puntos coincidentes podemos relevar la presencia de un Estado fuerte, que redistribuye sus ingresos en función de generar mayores cuotas de igualdad.
Si nos planteamos la alimentación escolar como un proceso integral, en el que deben tener participación todos los actores involucrados, y cuyos objetivos tiendan a enriquecer la sociedad en su conjunto y trascendiendo sólo lo sanitario, entonces debemos plantearnos la presencia de un Estado más bien facilitador, que sea capaz de articular y delegar competencias entre los distintos actores sociales.
La pobreza y la generación de sistemas alimentarios sustentables imponen nuevos desafíos. La pobreza ya no sólo como un fenómeno económico sino como un fenómeno social denominado exclusión y la necesidad de construir políticas que sean respetuosas de los hombres y mujeres, del planeta y de la cultura. El reto es construir programas e iniciativas que sean capaces de unir una asistencia social inmediata con una mirada de transformación e inversión en el futuro.