
Percepciones generales
Ser pobre no es sólo tener poco o nada de dinero, numerosos economistas y especialistas ya han insistido en esto. Existen alrededor de 1,3 mil millones de personas en todo el mundo que viven con menos de un dólar. La pobreza no tiene sólo una dimensión, se relaciona con una amplia variedad de los aspectos de la condición humana. Ser pobre también tiene que ver con no tener acceso a la información, o no tener acceso a beneficios universales como son la salud y la educación.
Los procesos que aumentan las desigualdades sociales como la pobreza han creado un fenómeno aún más radical. Muchas personas experimentan la pobreza y la desigualdad en unos niveles tan intensos que pueden llevar a la desintegración social.
Estos individuos están siendo expulsados de una estructura moral, económica y social. Están siendo excluidos. Son grupos de personas que se encuentran cada vez más desatendidos. En términos prácticos, están siendo abandonados.[1]
La exclusión social, que hace una década era un fenómeno relativamente nuevo, se ha instalado en América Latina como un cáncer.
En nuestra región uno de los síntomas más claros puede encontrarse en la situación crónica del hambre. Según los datos de la FAO de junio de 2009, 53 millones de personas se alimentan insuficientemente en la región, lo que representa alrededor un 10% de la población total. Esta media oculta enormes diferencias entre los países, en el continente más desigual del mundo. Mientras que Argentina alcanza la cifra del 2,4% de persona con baja nutrición, Guatemala alcanza un 23%.
Pero lo realmente relevante es que el continente tiene la posibilidad de abastecer 3 veces su población actual por la profusión de sus recursos naturales y su capacidad exportadora. A pesar de eso, el hambre está instalada. En el 2009, aumentó un 13% con relación a 2008, pasando de 47 a 53 millones de personas. Entre los niños, 16% sufren de desnutrición crónica, a los cuales es necesario añadir 9 millones de niños en riesgo de desnutrición.
Una mejor ingestión de micronutrientes, especialmente de vitamina A, hierro y yodo, reduciría pronunciadamente la mortalidad y morbilidad (efectos de una enfermedad en una población) de los niños y niñas de corta edad y las mujeres; y mejoraría marcadamente la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas. [2]
Un caso relevante, para entender la magnitud del fenómeno y de los esfuerzos realizados es Brasil, que ha sido felicitado por la FAO en su última Cumbre Alimentaria, realizada en noviembre de 2009 en Roma, por sus importantes avances en materia de lucha contra el hambre. En sólo seis años, con el programa "Hambre Cero", ha reducido la malnutrición infantil en un 73 por ciento y la mortalidad infantil en un 45 por ciento.
Por todo aquello, según la Unicef (julio de 2009): " El hambre no es el producto de la falta de comida, sino una consecuencia de la desigualdad y de las políticas”
Ante esta realidad cobra importancia la generación de mecanismos que reviertan este proceso. Una alimentación nutritiva y sana es uno de los cimientos más básicos para comenzar a equiparar las condiciones en que los individuos se enfrentan a la vida. La educación, por otra parte pareciera ser de los pilares fundamentales para acabar con la exclusión.
Según el World Food Programme [3] , las comidas en el colegio y la educación contribuyen también directamente al potencial de renta del individuo. Un estudio del Banco mundial en 13 países pone de manifiesto que cuatro años o más de educación primaria aumentan la productividad de los agricultores, llegando a diferencias de ingresos de hasta un 10%.
Una alimentación sana y nutritiva, y la educación ayudan a los niños pobres a romper el ciclo de la pobreza. Estudios realizados por este mismo organismo ponen de manifiesto que las muchachas más educadas se casan más tarde, tienen menos niños y tienen embarazos más espaciados. Educados los padres, a su vez, escolarizan más a menudo a sus propios niños.
En su informe “Para financiar el desarrollo hay que invertir en los niños y las niñas”, la UNICEF afirma que en ninguna sociedad se ha producido una reducción amplia de la pobreza sin haber realizado primero inversiones cuantiosas en el derecho a la salud, la nutrición y la educación básica de sus habitantes. Ningún país ha logrado jamás un rápido crecimiento si al mismo tiempo son altos los niveles de analfabetismo, desnutrición y prevalencia de enfermedades.
La educación es, entonces un proceso que tiene efectos más allá de lo estrictamente académico, la alimentación por su parte trasciende a lo estrictamente nutricional.
Por sus efectos directos (impactos de la producción agrícola: consumo de energía y agua, productos fitofarmaceúticos, efectos de la ganadería, etc) como indirectos (embalajes y, sobre todo, transportes), nuestra alimentación representa entre 20 y un 30% de los impactos de la actividad humana en el medio ambiente. [4]
La tendencia a alimentarse cada vez más fuera del hogar, explica una buena parte de este peso, entre otras cosas, sobre la restauración colectiva. La restauración colectiva se diferencia de la restauración comercial por su función social: la satisfacción de una necesidad elemental, el arraigo en una colectividad determinada y la garantía de un precio social. Para Risteco, uno de los socios de Tierra Ciudadana movilizados sobre esta cuestión, trabajar en la durabilidad de los sistemas alimentarios equivale a trabajar para un necesario cambio de paradigmas, un cambio del sistema alimentario, implicando más alimentos sanos, más empleos, menos gastos de salud, menos residuos y una mayor calidad de vida.
En esta lucha por acabar con la exclusión social y avanzar en términos de igualdad en América latina la pregunta que surge es ¿cómo articular la lucha contra la pobreza y el hambre con los retos de la escolarización de los jóvenes niños y con la construcción de sistemas alimentarios duraderos en sociedades alfabetizadas, independientes y sanas?
Los llamados Programas de Alimentación Escolar (PAE), implementados en varios países de América, se generan como una respuesta de los Gobiernos a las diversas condiciones en que la población inicia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta desigualdad, genera a su vez, diversos grados de oportunidades y desarrollo.
Los PAE son entonces una Política Pública destinada a suavizar las desiguales condiciones socio económicas de una parte importante de la población escolar. La que representa a lo menos, en promedio, el 13% del total de la población. A lo menos, porque éste es el porcentaje de la población que se atiende con los PAE, pero es evidente que la cobertura de los PAE no da cuenta del total de la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.
Esa es la génesis de los PAE. Sin embargo, en la implementación de la política pública, que busca mitigar las deficiencias de alimentación de la población escolar, es posible encontrar intersecciones con otro tipo de programas cuyos objetivos están centrados en el cuidado del medio ambiente, generar una cultura alimenticia más sana y sustentable o potenciar formas de organización comunitaria en que el lucro no sea el centro de la actividad.
La oferta se dirige a la población escolar básica en condiciones de vulnerabilidad social y económica, y los mecanismos para la focalización (selección) son variados.
En todos los países, se trata de una política pública de carácter nacional o local, administrada por organismos públicos que coordinan recursos estatales y privados. Estos últimos participan como proveedores básicamente.
[1] Marcelo Aguiar and Carlos Henrique Araújo, 2002. BOLSA-ESCOLA. Education to Confront Poverty. Brasília, Brasil.
[2] www.unicef.org. “Para financiar el desarrollo hay que invertir en los niños y las niñas”. UNICEF, 2002.
[3] www.wfp.org
[4] Qu'est-ce que l'alimentation durable? (bio Forum Wallonie) (pdf) (fr)